Confirmaron el procesamiento de un abogado y una escribana que quisieron coimear a un juez

El abogado Juan Cruz Albarracín y su pareja, que es escribana, Andrea del Valle Escudero Hernández fueron imputados por “estafa procesal en grado de tentativa”, “Falsificación de documento privado”, “Falsedad ideológica” y “Tráfico de influencias agravado”, en enero de este año por el Juzgado Federal de Villa Mercedes.

Quedaron involucrados cuando quisieron recuperar casi 19 millones de pesos que le secuestró la Policía a una familia que venía del límite con Córdoba, en plena pandemia del coronavirus, cuando regían estrictas restricciones en el tránsito.

Primero la causa llegó a la Justicia provincial, pero finalmente recayó en el Juzgado Federal que está a cargo de Juan Carlos Nacul. Había sospechas de que existía algún tipo de delito de “lavado de activos” o “maniobras evasivas” de impuestos de la Nación. Al final fue eso lo que se comprobó.

Los indicios indicaron que en ese tiempo los dos profesionales “dibujaron instrumentos” para justificar el origen de ese dinero. Se produjo así una venta y compra “simulada” de un campo (donde la escriba introdujo una “declaración falsa”) y a la vez Albarracín le pidió a la familia (a sus clientes) unos 5 millones de pesos para coimear a Nacul y lograr que les devuelvan la plata incautada pro la fuerza de seguridad. Pero no accedieron y cambiaron de defensor.

Esto dio origen a una denuncia en el Juzgado, y el inicio de una nueva causa.

Casi 4 años después, la Fiscalía con sede en Villa Mercedes entendió que los integrantes de la familia habrían incurrido en una evasión impositiva y les exigió que cumplan con el pago de impuestos que no hicieron. Pidió también que les devuelvan la plata, la cual por decisión de Nacul había sido ingresada a un plazo fijo en el Banco Nación, y este año terminaron retirando unos 80 millones.

La defensa de Albarracín y Escudero Hernández apelaron el procesamiento, pero la Cámara Penal de Mendoza, en agosto, no hizo lugar y confirmó la resolución del juez. Solo resta la clausura y la elevación a juicio de la causa.

El origen

El viernes 10 de julio de 2020 la Policía informó que investigaba la procedencia de $18.670.000 que habían sido secuestrados “hasta que sus propietarios acrediten el origen”.

En ese momento se supo que la plata estaba destinada a “la compra de un campo, que no se concretó”.

Los efectivos de la Comisaría 19° de Buena Esperanza detuvieron a tres camionetas (una Pick Up Chevrolet S 10 y dos Ford Ranger) cuando transitaban por la Autopista Provincial 55, a unos 35 kilómetros al norte de esa localidad, el jueves 9 de julio.

En el caso intervino el juez Penal N° 1 de Villa Mercedes, Osvaldo Cuello.

La Policía identificó a los ocupantes de los vehículos y eran todos parientes y tenían domicilio en Villa Mercedes: 6 hermanos, la madre y un nieto (menor de edad) de la mujer.

En la primera camioneta los policías encontraron una caja de cartón con $4 millones que estaban discriminados en billetes de distinta denominación; y también un revólver calibre 22 con municiones.

En la segunda hallaron $5.200.000, y otra arma de fuego calibre 22 sin culata. Mientras que en el tercer rodado trasladaban un bolso con $9.470.000.

Al consultarles sobre los motivos de por qué se encontraban en la zona, los ocupantes de los vehículos manifestaron que provenían de un campo (al que se accede por el camino vecinal El Dorado), ubicado en inmediaciones a los montículos de tierra que señalizan los límites con la provincia de Córdoba.

Expusieron que fueron hasta ahí para comprar un campo, y que por eso llevaban tanto dinero. Pero finalmente “dicha operación no se concretó”.

El juez Cuello dispuso que “se adopten las medidas sanitarias sobre las personas y su derivación al área de salud del hospital de Buena Esperanza”, para que de ese modo “se realicen los protocolos y controles” en relación al coronavirus.